El equipo legal de Ricardo Martinelli presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia del 17 de julio de 2023, emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de Panamá, que condenó al exmandatario a 12 años de prisión en el cuestionado caso New Business, que se utilizó para impedir su candidatura presidencial.Según el abogado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, la sentencia vulnera varios derechos fundamentales, incluyendo los artículos 32 y 17 de la Constitución, así como el Principio de Especialidad derivado del tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos de 1904, el cual establece que Martinelli no podía ser acusado, enjuiciado ni castigado por delitos distintos a aquellos que motivaron su extradición en 2018, en relación con el caso conocido como “Pinchazos”.La defensa sostiene que el artículo 17 de la Constitución fue infringido, ya que la sentencia no protegió ni aseguró la efectividad de los derechos de Martinelli, actuando en contravención a la Constitución y la ley.La demanda también argumenta que el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales desconoció el Principio de Especialidad, comprometiendo así los derechos y garantías del expresidente.”En este mismo sentido, esta decisión contraviene una tomada previamente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que en otro proceso (Expediente 138-15, Caso Pinchazos) reconoció que Martinelli goza del Principio de Especialidad”, detalla el recurso.Asimismo, se señala que esta decisión viola las garantías constitucionales, como el debido proceso y el Tratado de Extradición entre Panamá y Estados Unidos, que contempla el Principio de Especialidad.Además, la defensa argumenta que se violó el derecho de defensa de Martinelli al negársele la oportunidad de contrainterrogar a los testigos de cargo, sobre los cuales se basó la acusación de la Fiscalía, incluyendo a los testigos protegidos Henry Mizrachi, Riccardo Francolini y otros. Estos testimonios fueron utilizados para fundamentar la decisión que ahora se impugna como inconstitucional, a pesar de los reclamos oportunos de la defensa.Esta semana, también se presentó una apelación ante un Tribunal del Distrito Sur de La Florida para advertir que el funcionario del Departamento de Estado, Thomas Heinemann, desinformó a las autoridades panameñas y fuera de los canales diplomáticos correspondientes, de que el Principio de Especialidad ya no era válido.El Departamento de Estado violó el derecho constitucional de Martinelli al debido proceso, lo que permitió a Panamá procesarlo indiscriminadamente por delitos que no formaban parte de la orden de extradición original ni de la carta de garantías del Departamento de Estado al momento de la extradición, señala la apelación.El Tratado de 1904 obliga a Estados Unidos a garantizar que una persona extraditada sea procesada solo por los delitos específicos por los cuales se concedió la extradición. El fracaso del Departamento de Estado en defender esta regla no solo violaron el Tratado, sino que también infringieron los derechos sustantivos de Martinelli bajo el derecho estadounidense e internacional, advierte la demanda ante el Tribunal de La Florida.
