Dirigentes sindicales en Panamá denunciaron hoy la falta de consenso en torno al proyecto de ley sobre la Caja de Seguro Social (CSS), presentado de forma unilateral por el Gobierno ante la Asamblea Nacional (AN).Los representantes laborales, liderados por Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), criticaron al presidente de la República, José Raúl Mulino, por afirmar que el proyecto recoge las propuestas de todos los sectores, incluyendo el obrero, lo cual consideran falso.Méndez, también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida, explicó que durante dos meses de mesas de trabajo, conocidas como “mesas de escucha”, el Gobierno no presentó un borrador del proyecto para ser analizado previamente.Los ministros de Economía, Felipe Chapman, y de Salud, Fernando Boyd, junto al nuevo director de la CSS, Dino Mon, dejaron claro que cualquier reclamo de los colectivos debería ser dirigido al Legislativo.El dirigente sindical advirtió que el Gobierno intenta imponer este proyecto antes del 31 de diciembre, siguiendo un patrón similar al que se observó con el presupuesto de 2025 y el nombramiento de Mon, a pesar del rechazo popular. Según Méndez, una medida de imposición similar a la del contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá podría generar nuevas protestas, como ocurrió en 2023 contra la minería metálica y en 2022 por el alto costo de la vida.Méndez también señaló que el problema de la seguridad social es mucho más complejo y está relacionado con el sistema económico, el desempleo, la informalidad laboral y los bajos salarios. Criticó que el proyecto no aborda estos temas de fondo y, en su lugar, favorece la privatización de la CSS, promoviendo las cuentas individuales y la tercerización de servicios, una fórmula que, según él, ha sido impulsada históricamente por el Banco Mundial.El debate sobre la reforma a la CSS continúa generando tensiones entre el Gobierno, los sindicatos y la ciudadanía, quienes se mantienen alerta ante los posibles impactos que las reformas podrían tener en el sistema de salud y pensiones del país.
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